Rinconada Amozoc 21

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31 de Diciembre de 2012.

EL HONORABLE QUINCUAGÉSIMO OCTAVO CONGRESO

CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA

CONSIDERANDO

Que en Sesión Pública Ordinaria de esta fecha, Vuestra Soberanía tuvo a bien aprobar el Dictamen con Minuta de Ley, emitido por la Comisión de Medio Ambiente del Honorable Congreso del Estado; por virtud del cual se expide la Ley de Agua para el Estado de Puebla.

El agua es un bien del dominio público vulnerable y finito, es un recurso natural imprescindible para la vida, y es el cimiento de la salud y bienestar de toda población.

El artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho de las personas a la protección de la salud y a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, derechos fundamentales que no se pueden alcanzar sin una adecuada gestión de los recursos hídricos; lo cual exige que las legislaciones estatales sean instrumentos que garanticen el adecuado aprovechamiento del agua, su cuidado y preservación.

El mismo numeral de la Carta Magna establece que, toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento del agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible; derecho que conlleva la responsabilidad del Estado de establecer los criterios para otorgar apoyos y modalidades de acceso al agua; garantizar el uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, y consolidar la participación de los tres niveles de gobierno y los particulares; todos ellos indispensables para alcanzar el objetivo de hacer efectivo tan importante derecho.

Por su parte, el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconoce al Estado Mexicano la propiedad originaria de las aguas territoriales, previendo con las formalidades, requisitos y limitaciones que la ley establece, su uso, explotación y aprovechamiento.

Así, en los términos de la Ley de Aguas Nacionales, la Federación mantiene el control del uso y aprovechamiento de aguas nacionales; sin embargo, es responsabilidad de los gobiernos de los Estados y de los Municipios la regulación de los procesos para la prestación de los servicios públicos de agua potable para consumo humano, drenaje, alcantarillado, saneamiento, reúso y suministro de agua en vehículos cisterna. En particular, corresponde a las legislaturas locales la emisión de normas jurídicas que regulen la participación social y privada para el mejoramiento de la cobertura y calidad de los servicios, y cumplir de esta forma la premisas constitucionales de alcanzar la conservación y sustentabilidad de los elementos naturales; la distribución equitativa de la riqueza pública; el desarrollo equilibrado del país, y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana.

Ley completa aqui: http://www.congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=9151&Itemid=68